El Presupuesto basado en
Resultados (PBR), surge por la necesidad de mejorar la eficacia y la eficiencia
con la que se prestan los servicios a la población, y a la vez dar a conocer a
la misma los costos que generan, los resultados que entregan y los cambios que
requieren en su propia organización para atender las exigencias que enfrentan.
Mientras que los presupuestos
tradicionales miden los recursos consumidos, el PBR mide la producción de
bienes y servicios y el impacto que éstos generan en la sociedad, tomando en
cuenta objetivos y metas, algo así como el costo-beneficio.[1]
De esta forma el PBR Incorpora
en las decisiones presupuestarias la planeación, la programación, el
seguimiento y la evaluación, vincula el presupuesto con la mejora continua de
las políticas, de los programas, del desempeño de las instituciones y de la
calidad del gasto público, considerando los resultados de las evaluaciones, y
considera en la asignación de los recursos presupuestarios tanto los objetivos
y los resultados esperados, como el nivel real alcanzado.[2]
Para una implementación,
consolidación y operación adecuada del PBR se debe considerar la totalidad de
sus factores. Dentro de ellos, probablemente el más relevante sea la evaluación
del desempeño de las políticas públicas y los programas presupuestarios, que
hace posible que se genere la información que, como ya se mencionó, permita a
los gobiernos tomar decisiones acertadas y eficientes, respecto a las
prioridades y distribución del gasto.
La evaluación de lo anterior
genera información sobre la actuación de los ejecutores del gasto con relación
al cumplimiento de metas y objetivos.
De esta forma, los objetivos,
los resultados, los programas, el presupuesto y los indicadores, integran un
sistema dinámico y abierto que se debe traducir concretamente en:
- Crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo.
- Impulso efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con sustentabilidad ambiental.
- Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública.
- Mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos.
Todo esto con ayuda del marco
legal del PBR, que se ha ido ampliando y modificando, y que debido a su
magnitud, se ha ido construyendo de forma gradual.
Existen diversas reformas al marco jurídico mexicano, particularmente a
la constitución y a diversas leyes federales. Como en 2006 con la emisión de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que regula
actualmente la programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio,
el control y la evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
Posteriormente, se produjo la Reforma Hacendaria Integral de 2007 bajo la
perspectiva de que, si bien es necesario elevar el nivel de recaudación,
corresponde al gobierno lograr mayores
beneficios para la sociedad mexicana con los recursos que cuenta. Y en
2008 se llevó́ a cabo una reforma de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de gasto público y fiscalización, la cual forma
parte de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen. Esta reforma
estableció́ que los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que
dispongan la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios
serán evaluados por instancias técnicas, con el objeto de propiciar que los
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que estén destinados.[4]
[1] http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf (Consulta: 26 de enero de 2016)
[2] http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
(Consulta: 26 de enero de 2016)
[3] http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
(Consulta: 26 de enero de 2016)
[4] http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/present_pbr_sed.pdf
(Consulta: 26 de enero de 2016)
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